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Mujer y violencia: Contra la impunidad de las esterilizaciones

La primera. Abogados reunieron pruebas para reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas, que servirán para condenar a los responsables de esta criminal práctica del gobierno de Alberto Fujimori.En la localidad cusqueña de Anta casi no existen niños jugando en las calles. Desde hace 14 años que la población de ese lugar no aumenta, y todo porque el derecho a procrear les fue cortado a sus mujeres con un bisturí implacable y cruel.

Esta reducción de la población de Anta es una de las tantas consecuencias del programa de esterilizaciones forzadas ejecutado de manera inhumana, entre 1996 y 1998, por el gobierno de Alberto Fujimori. Otros resultados de esa política estatal fueron los intentos de suicidio e incluso las muertes de mujeres por culpa de las intervenciones quirúrgicas a las que fueron sometidas contra su voluntad, en aplicación de una política que pretendía planificar autoritariamente la vida de la población.

Esos abusos fueron denunciados en su momento. Pero recién en diciembre del año pasado el ministerio Público, después de largo tiempo, emitió un pronunciamiento. Dictaminó que las denuncias no podían ser investigadas porque ya habían prescrito los cargos contra los presuntos responsables de una política que parecía haber sido copiada de los manuales del alemán Adolfo Hitler. Esa resolución fue sentida por las víctimas como un nuevo corte de bisturí en sus vientres.

Sin embargo, la abogada Giulia Tamayo, quien inició la investigación de esos casos en 1996, volvió a recorrer esta semana los pasillos del centro de salud de Anta y recolectó nuevas pruebas que serán incluidas en una denuncia que tiene por objetivo reabrir el proceso hasta encontrar justicia para las mujeres de ese pueblo cusqueño y, a través de ellas, sentar un precedente para que esta situación de abuso nunca vuelva a repetirse en nuestro país.

“De manera equivocada la Fiscalía dijo en diciembre de 2009 que los delitos han prescrito. Esa interpretación no es exacta. Consideramos que son delitos de lesa humanidad en la modalidad de persecución con fines de esterilización forzada, y como tales no han prescrito”, apuntó Tamayo.

Sin posibilidades para engendrar, las mujeres de Anta, algunas de ellas esterilizadas a los 18 y 20 años de edad, sentían que sus vidas no valían nada. Fueron estigmatizadas en su pueblo. Sus esposos las rechazaban, pues ya no podían darles hijos. En la memoria de estas mujeres aún queda el recuerdo de la persecución de la que fueron víctimas, las amenazas y detenciones para llevarlas a ser esterilizadas. Todo esto bajo el amparo del gobierno.

Pero la adversidad fue una motivación para ellas. Con la ayuda de dirigentes indígenas como Hilaria Supa, quien actualmente es congresista, se unieron para salir adelante y poner la cara frente las marginaciones. Se organizaron y formaron la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. Esto se constituyó en un hecho emblemático que resalta la valentía de estas mujeres, frente a la violación de sus derechos humanos, no sólo de ellas sino miles de mujeres peruanas pobres, indígenas y campesinas.

Investigación
Cuando el régimen de Fujimori cayó, el ministerio de salud conformó una comisión que investigó las esterilizaciones, integrada por destacados profesionales. Los resultados, presentados en julio del año 2002, mostraron 54 evidencias de la violación de derechos humanos basadas en testimonios y en la evidente falta de consentimiento de las mujeres. El gobierno de Alejandro Toledo, a través de su ministro de salud, Fernando Carbone, pidió disculpas públicas a las víctimas.

Según declararon autoridades del ministerio de salud en 1999, la cantidad de mujeres esterilizadas llegaría a 300 mil. Además, a 16 mil hombres se les practicó la vasectomía. El 14 de octubre del año 2002, el estado peruano, mediante solución amistosa, reconoció ante la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita Mestanza, una mujer campesina de Cajamarca fallecida en 1998 como consecuencia de complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de Alberto Fujimori. El caso fue presentado a la CIDH y el 26 de agosto del año 2003 el gobierno cumplió con entregar una indemnización de US$ 109,000 a la familia de Mamérita.

El 2005, basado en esta solución amistosa, el ministerio de salud, dirigido por Pilar Mazzetti, decidió incorporar al Seguro Integral de salud a 12 mujeres afectadas en Anta, Cusco, esterilizadas contra su voluntad. A ello siguió una Resolución Ministerial que incorporó a las mujeres víctimas por la esterilización forzada, a sus esposos y sus hijos menores de 18 años de edad para acceder al SIS como víctimas de violación de derechos humanos.

Sin embargo, la doctora Tamayo ha descubierto que este compromiso tampoco es cumplido por el gobierno. “Les están negando atención en el Seguro Integral de salud, y ese fue un compromiso del gobierno. Tampoco ha cumplido con la recomendación de la Comisión Interamericana de derechos humanos de seguir los casos y brindarles apoyo legal. Muchas de ellas han continuado atendiéndose con sus propios medios, sus propios recursos, desde luego limitados porque son mujeres en extrema pobreza. Por eso, el hecho de haberse organizado ha generado una labor rehabilitadora en ellas”, manifestó Tamayo.

Un agravante que hasta la fecha no ha sido investigado es el racismo, motivo que, junto a nuevos casos encontrados, será incluido en la nueva denuncia. “Queremos incluir que hubo motivos étnico raciales, que es lo que no se ha investigado aún. Las víctimas eran personas con ciertas características raciales, es decir, (el plan) estaba dirigido a comunidades indígenas, a poblaciones rurales”, señaló la abogada.

Dentro de este nuevo proceso existe también la necesidad de formar un registro de las víctimas que permita rastrearlas y realizar un seguimiento de su vida, pues muchas de ellas han muerto. El Estado tampoco dio reparaciones administrativas ante las enormes secuelas de estas intervenciones. Existen casos nuevos que serán incluidos en la nueva denuncia, como el de una mujer que fue esterilizada mientras estaba embarazada, y le produjeron un aborto.

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Lo que se obtuvo con el tiempo: Día internacional del Orgasmo

Recientemente el 8 de agosto, se celebró el día internacional del orgasmo y la revista caretas a través de su versión virtual publicó un artículo interesante precisamente sobre el placer femenino ese que durante muchas décadas fue visto como pecado u objeto de censura, reprimiendo a la mujer al goce de su cuerpo.
Asociado durante la Edad Media a pactos diabólicos de envidiable naturaleza, el orgasmo femenino ha sido a lo largo de la historia reprimido, censurado y hasta cuestionado. Hoy, mejor aceptado, y siempre producto de benditas brujerías de cama, se erige como el protagonista de homenajes inauditos como el mismísimo Día Internacional del Orgasmo, a celebrarse el próximo 8 de agosto.

Entonces, por feliz ocurrencia del gobernador de la brasileña ciudad de Esperantina, maridos decaídos y amantes flojos deberán desplegar sus mejores esfuerzos por procurar a sus parejas tal placer de alta pureza al que ya Woody Allen dedicara en 1973 en su película ‘Sleeper’ quizá el invento más anhelado de todos: el feroz orgasmatrón.


Tales incentivos en pro del placer femenino, sin embargo, son de recientísima data. Como lo explica el antropólogo Jaris Mujica, ducho en criminalística, estudios del cuerpo y transgresiones varias, no sería sino hasta la década del 60 del siglo pasado que, gracias a la invención de los anticonceptivos, la mujer dejaría de verse como mero cuerpo reproductivo: “la reivindicación del orgasmo es una suerte de reivindicación del goce; cuando la mujer descubre que el sexo no solo puede ser reproductivo, que su cuerpo es cuerpo de disfrute, empieza a hablar de una suerte de derecho al placer, que además implica una reivindicación política que es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo”. Hoy en día, sin embargo, el orgasmo ha dejado de ser un plus para convertirse en mandato de goce impuesto por presión de una hedonista cultura occidental.

La noción de capacidad orgásmica, no obstante, dependerá de cada cultura. Como bien lo indica el doctísimo Marco Aurelio Denegri en su reciente libro Hechos y Opiniones Acerca de la Mujer (Ed. San Marcos, 2008), lo que en Occidente puede representar gran dicha femenina, léase, un buen par de orgasmos al día, en la Polinesia puede ser una falta que linde con la frigidez. Así lo explica en esta obra una anciana nativa de dicha zona: “Cuando yo era joven, y descontando los días en que tenía el período, realizaba el acto sexual todas las noches: cuatro, tres o dos veces durante la noche. O sea, pues, que no lo hacía con mucha frecuencia”. Según Denegri, “entre nosotros lo sólito es orgasmear de una a tres veces por semana”. ¿Y el multiorgasmeo? Encuestas citadas por el especialista dictarán que tan solo un veinte por ciento de mujeres gozan de esta capacidad que, sin embargo, y según el legendario sexólogo estadounidense Alfred Kinsey, sería inherente a todas las féminas.

La historia del placer femenino, por otro lado, ha colocado a lo largo de los siglos no menos que entre bruja y puta a las mujeres que se abocaran descarnada y descaradamente a su propio placer. Es más, la inclusión de este en la literatura clásica fue siempre marginal. Como indica Mujica, “en la literatura griega del siglo IV se habla de la figura hedónica del disfrute absoluto, de la perversión, pero es sustancialmente un espacio masculino en el cual la mujer participa como un objeto del hombre. Existen, sin embargo, pretendidas reivindicaciones, pero más que épocas, son ciertos personajes que aparecen ya como sujetos de placer en la literatura latina clásica de los siglos I y II, e incluso en la poesía amorosa griega, Safo, por ejemplo, y poetisas marginales que reivindican el placer del cuerpo”.

Más adelante, explica Mujica, ya en la literatura clásica del siglo X aparecerá la mujer que reivindica su propio cuerpo, pero no como cuerpo que goza del sexo, sino como cuerpo que por primera vez puede ser entregado a Dios, o sea, “el disfrute de la penetración de lo trascendental”. Al mismo tiempo, la pintura y la literatura teológica verán aparecer algunas mujeres que empiezan a descubrir la sexualidad, pero convertidas en brujas, apareciendo en el siglo XII y en adelante esta figura demoníaca que copula con el diablo. Como indica Mujica, esto se puede ver en la obra de Jules Michelet, La Bruja, y en el libro Los Demonios Familiares de Europa, de Norman Cohn.

Hoy en día, sin embargo, y según añade Mujica, “esta visión no se ha perdido totalmente, porque en muchas partes, incluso en nuestra propia ciudad, que una mujer hable de su propio goce es casi un pecado, se trata de una línea de conservadurismo que se mantiene, donde la mujer solo es un cuerpo reproductivo y por ende no puede ejercer su sexualidad solo por placer, porque se convierte ya no en una bruja, sino en una puta... es la evolución de la bruja a la puta”.

Brujerías aparte, y descrito como clímax, desfallecimiento gozoso y hasta “pequeña muerte”, el orgasmo bien podría corresponder entonces a aquella descripción del inclasificable literato francés Georges Bataille, para quien placer y muerte siempre se encontraban íntimamente ligados. En esa misma línea, bien valdría la pena citar para culminar el siguiente poema del vate José Watanabe, titulado, precisamente, Orgasmo: ¿Me dejará la muerte/gritar/como ahora? Y no olvidar: quedan 48 horas por delante para concentrarse o, lo que es mejor, para concentrarse por delante.

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Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe

Más y mejores políticas de género es la consigna para nuestra América de hoy en día y representantes como: Inés Alberdi (Directora Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer), Soraya Rodríguez (Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España) y Rebeca Grynspan (Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), escriben sobre ello.

Tres décadas después de aprobar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y a punto de cumplirse quince años de la Plataforma de Acción de Beijing --dos de los mayores y más recientes hitos en materia de igualdad y derechos de las mujeres-- todavía persisten graves desigualdades de género.

Es cierto que hay que celebrar importantes logros y avances. Las mujeres han alcanzado un mayor nivel educativo, participan cada vez más en el mercado laboral y ocupan más puestos de representación política. En tanto, un gran número de países han desarrollado leyes de igualdad, de cuotas y contra la violencia de género, y han creado los mecanismos institucionales para promover la igualdad en el quehacer del Estado. Se trata, sin duda, de notables avances.

SOLO EL 20 POR CIENTO DE LAS PARLAMENTARIAS
Pero también es cierto que esos progresos en algunas áreas son lentos y que muchas situaciones resultan alarmantes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 3 mujeres de América Latina ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual por parte de familiares. En cuanto a la participación política, las mujeres representan sólo el 20 por ciento de los escaños parlamentarios latinoamericanos. Si hablamos de recursos económicos, los ingresos de los hombres duplican los de las mujeres en la mayoría de los países de la Región. Por lo tanto, la igualdad sigue siendo todavía una utopía.

¿Por qué? ¿Qué necesitamos y qué podemos hacer para avanzar de manera decidida en la construcción de una sociedad igualitaria? Requerimos recursos materiales y humanos, personas conscientes, comprometidas y capaces, para cambiar las actuales estructuras de poder entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos: debemos lograr conciliar el trabajo con la familia y la vida personal, y transformar con un enfoque de género la economía, la sociedad, las familias, las empresas, la política y las relaciones interpersonales.

Para atender estos desafíos, nos hemos reunido en Madrid en el “Encuentro de Mujeres Parlamentarias: Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe”, parlamentarias, representantes de las ciudadanas y ciudadanos de 20 países de América Latina y el Caribe y de España, junto con representantes gubernamentales de varios países de la Región, además de expertos y expertas en desarrollo y género, representantes del Sistema de las Naciones Unidas y los máximos responsables de las instituciones españolas de cooperación para el desarrollo de la igualdad.

MAYOR EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El encuentro organizado en Madrid forma parte de las iniciativas regionales impulsadas por el Fondo España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe” (creado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe), preparado en estrecha colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), reunió a parlamentarias de distintas ideologías, generaciones, ámbitos sociales y políticos, pero con una idea común: transformar las desigualdades existentes y crear sociedades más equitativas para mujeres y hombres.

Son muchas las diferencias que nos separan, lógicas y naturales, pero son más los retos que nos unen. La agenda del Encuentro de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe fue desbordante pero nos ilusionó: encontramos puntos comunes para impulsar algunos temas relevantes para el logro de la igualdad en la Región.

Hemos hablado de cómo encarar una crisis financiera y económica mundial cuyo impacto ya afecta de manera especialmente grave a las mujeres y cómo puede ser también una oportunidad para por fin reconocer el aporte invisibilizado de las mujeres a la economía. Hemos debatido propuestas para fortalecer la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, y, finalmente, hemos trabajado en el desarrollo de una agenda de género en los Parlamentos de la Región que incluyera --en función de cada realidad concreta-- legislación avanzada contra la violencia de género sobre la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, temas de salud sexual y reproductiva, y técnicas y estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer parlamentario, entre otros temas.

PROTAGONIZANDO EL CAMBIO
Como decía recientemente el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, sin la participación de las mujeres es imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y la violencia contra las mujeres amenaza seriamente la meta de poner fin a la pobreza en 2015, reto central de estos objetivos. Los ODM representan valores y derechos humanos universalmente aceptados, como la lucha contra el hambre, el derecho a la educación básica, a la salud y la responsabilidad frente a las generaciones futuras.

Las mujeres necesitamos transformar, cambiar y pasar a la acción en todos los ámbitos. No estamos pidiendo un cambio, lo estamos protagonizando. Buscamos, junto con los hombres, transformar la sociedad, lograr un desarrollo económico y social más justo en este mundo globalizado, y superar los obstáculos que impiden el logro de la igualdad.

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“Somos católicas que decidimos usar métodos anticonceptivos”


Decir sexualidad e Iglesia Católica en la misma frase, en general, representa conflicto, más aún si hablamos de mujeres, en cuyo caso hablamos de pecado y culpa. Eliana Cano es representante de Católicas por el Derecho a Decidir, mujeres que, sin dejar su fe, cuestionan políticas eclesiales.

Católicas por el Derecho a Decidir es una organización sin fines de lucro que con el tiempo se ha convertido en un movimiento de mujeres católicas que no renuncian a su fe y que trabajan muy fuerte por algo fundamental en la vida: el derecho a decidir”, explica Eliana Cano.

La Iglesia Católica desalienta el uso de anticonceptivos. Esa es una herramienta de decisión sobre el cuerpo.
La Iglesia Católica somos todos los que nos consideramos católicos. La jerarquía eclesial, el Vaticano es, digamos, la oficialidad. Pero dentro de la Iglesia hay diversas voces, incluidas las nuestras. Es cierto que, para esta oficialidad, todo lo relacionado con regulación de la reproducción y vivir la sexualidad es un campo cuestionable: es pecado. Hay personas que nos consideramos católicas, que hemos crecido en esto y que usamos métodos anticonceptivos porque así queremos que sea. Pero, más que eso, queremos llamar la atención sobre la injerencia que tiene en la Salud Pública.

Si este fuera un Estado donde el gobierno político y el credo religioso fueran juntos, como en algunos países musulmanes, tendría sentido. Pero, en un Estado laico, la Iglesia no debe tener injerencia.
La jerarquía eclesial en el púlpito va a decir lo que bien considere. Pero en la política pública no debería haber esta injerencia. Y el Perú, aunque los políticos lo digan, no es un Estado laico. El Perú ha firmado un acuerdo que le da privilegios a la jerarquía eclesial de la Iglesia Católica, como no pago de impuestos y asignación de dinero del presupuesto nacional. Eso nadie lo ha puesto en el debate.

¿Y ustedes qué plantean?
Nosotras, como Católicas por el Derecho a Decidir, no vamos a discutir con esa jerarquía eclesial, no la vamos a confrontar porque tiene un proceso histórico que no vamos a negar. Pero, cuando afecten los derechos de las personas en el terreno de la sexualidad, nos pronunciaremos.

La Iglesia reprime en las mujeres el ejercicio libre de la sexualidad –los hombres se la llevan fácil– mediante la culpa. Usted, imagino, antes de hacer activismo, ha tenido que superar esa culpa.
Cultura, religión y sexualidad es una construcción muy fuerte de la que nadie se salva. Todos hemos crecido con algún precepto y, en la diferenciación de roles, las mujeres somos quienes hemos llevado una parte muy dura. Desde cómo se llama el no inicio sexual, virginidad –que viene del modelo mariano de virgen–. Yo, como mujer católica, admiro el modelo de la Virgen María, pero no pretendo ser como ella, que es inalcanzable, además. Pero es muy fuerte en el cotidiano.

Especialmente en lo cotidiano...
El cuerpo es un territorio de decisiones: desde cosas tan simples como qué me pongo hoy hasta cómo lo luzco o qué permito con él. La gran enseñanza en sexualidad ha sido: eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. La consecuencia es la culpa. Hay quienes cuestionamos todo esto: no me preguntes si soy virgen, sino cuándo fue que me inicié sexualmente. Son procesos lentos para, entre comillas, regir tu propia libertad.

En Lima, ser mujer, ejercer libremente la sexualidad y hablar de eso –como hacen los hombres– es como ser gay y salir del clóset. Va a encontrar censura.
Estar aquí, dando esta entrevista y hacer activismo, pasa por haber hecho una revisión de mi vida, de atreverme, de llamar a las cosas por su nombre, de escribir –es exponerse–. Quienes trabajamos estas agendas estamos expuestas a la crítica destructiva porque estamos removiendo lo impuesto. En mi familia, a la que adoro, he tenido acogida. Y sé que no todos tenemos ese privilegio. En la plataforma pública no es fácil ser calificadas de criminales, abortistas, no católicas que quieren confundir a la gente, excomunión.

¿No era más fácil olvidar la Iglesia?
No. Es que la Iglesia Católica no es solo la jerarquía eclesial. Hay quienes se alejan, pero lo hacen con resentimiento y cólera. Pero tuve otros encuentros en mi fe, cosas simples en mi vida, nada teórico, ni complicado, ni corporativo. Por eso pensé que era mejor quedarse de este lado de la orilla y plantear una alternativa. Y nos encontramos con muchos hombres y mujeres que piensan parecido, pero que no tienen la posición o el valor para abrir el tema.

Fuente: peru21.pe

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Mortalidad Materna como tema de Derechos Humanos


La mortalidad y la morbilidad maternas son, ahora, asuntos relativos a los derechos humanos. La medida fue reconocida el 12 de junio por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en ocasión de realizarse la asamblea general del Consejo. La resolución sobre "Mortalidad y Morbilidad Materna y Derechos Humanos" fue firmada por más de 50 países miembros y no miembros.

En el documento final, el Consejo de Derechos Humanos expresa su preocupación ante la alta tasa de mortalidad y morbilidad maternas evitables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1.500 mujeres y niñas mueren todos los días víctimas de complicaciones, antes, durante y después del embarazo y del parto. A causa de esos problemas -que la mayoría de las veces, podrían ser evitados- la mortalidad materna es considerada como la "principal causa de muerte de mujeres y niñas en edad reproductiva".

De esta manera, las naciones que firmaron el documento reconocen que la mortalidad materna es un problema "de salud, desarrollo y derechos humanos que también exige la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y niñas".

La resolución pretende que los Estados renueven el compromiso político de eliminar la mortalidad y morbilidad materna, así como cumplir con las obligaciones establecidas en plataformas y conferencias internacionales. En 2000, por ejemplo, la ONU estableció ocho Objetivos del Milenio que deben ser seguidos por los Estados, entre los cuales se destacan: igualdad entre los sexos y valorización de la mujer; reducción de la mortalidad infantil; mejoramiento de la salud de las gestantes.

El documento completo está disponible aquí: http://www.pidhdd.org/images/stories/coripdf/mm_resolucion_hrc.pdf

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Las mujeres aun viven en un estado varón

No cuenta si son blancas o afrodescendientes, ricas o pobres, jóvenes o mayores. Tampoco vale si trabajan o si tienen estudios: en América Latina, la responsabilidad por el hogar, el cuidado de los hijos y los ancianos recae sobre las mujeres, y el Estado mira para otro lado.


por: Marcela Valente

Las estrategias son regularmente privadas. Si ellas no pueden afrontar solas el desafío de conciliar trabajo y familia, apelan a otra mujer: su madre, su suegra, sus hermanas, sus hijas mayores, vecinas, o --si puede pagarlo-- una empleada doméstica y cuidadoras para los adultos mayores. Se levantan antes que nadie en su casa y se van a dormir las últimas. Aunque trabajan muchas horas afuera del hogar, se hacen cargo de los niños, los quehaceres y el cuidado de ancianos y discapacitados, sin remuneración, con escasa ayuda de los hombres y casi sin asistencia estatal.

Con excepciones --en general limitadas al período de nacimiento y lactancia-- el Estado se desentiende de esta sobrecarga. "Se da por sentado que los cuidados son básicamente un asunto privado", sostiene el informe "Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con responsabilidad social" presentado este mes en Chile. La investigación fue elaborada por la región latinoamericana y caribeña de la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de poner en agenda uno de los mayores retos actuales para promover la igualdad y combatir la pobreza.

Según este informe, entre 1990 y 2008 la participación laboral femenina en la región pasó de 23 a 53 por ciento, y si se toma la franja de mujeres de entre 20 y 40 años, el porcentaje de las que trabajan fuera del hogar es ahora de 70 por ciento. "Sin embargo, no se han producido rupturas significativas en las concepciones culturales predominantes que consideran que la reproducción social es responsabilidad de las mujeres, y no una necesidad social", lamenta el estudio. Ese malentendido tiene un alto costo para ellas, añade.

"Los cuidados no son una responsabilidad de la familia --que los deriva en las mujeres-- sino una responsabilidad del Estado y la sociedad", comentó a IPS Natalia Gherardi, del no gubernamental y argentino Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que participó en la investigación. "El Estado tiene la obligación legal de arbitrar los medios para posibilitar esas prestaciones", sostuvo. Sin embargo, sólo interviene muy marginalmente mediante normas aisladas que no siempre controla, dijo Gherardi. Esta distracción sugiere que el Estado no es neutro, sino que tiene género. "El Estado es varón, como el derecho y como todas las estructuras de poder basadas en la organización patriarcal de nuestras sociedades", remarcó.

Las mujeres destinan entre 1,5 y cuatro veces más tiempo que los hombres a las tareas hogareñas. "Esta sobrecarga es la base de las desventajas y discriminaciones que ellas experimentan en el mercado de trabajo", advierte el informe. Pero el estudio no se centra en los hombres. "No ha aumentado significativamente la provisión de servicios públicos en apoyo a estas tareas. El Estado y la sociedad suponen que hay una persona en cada hogar dedicada al cuidado familiar". Solo en algunos países se exige a las empresas una guardería cuando hay mayoría de trabajadoras. La licencia por paternidad aún no está difundida en la región, y muy pocos estados reconocen licencias por enfermedades de los hijos o de los padres ancianos, que las puedan reclamar tanto hombres como mujeres.

"Ante la debilidad o ausencia de políticas públicas y de servicios destinados a apoyar la conciliación, las estrategias son básicamente privadas, familiares, femeninas", describe el informe. La propuesta de los especialistas es que la conciliación sea "parte principal" de las políticas sociales. Las coordinadoras del estudio, Maria Elena Valenzuela y Juliana Martínez, consideraron que el Estado debería avanzar en "políticas universales" de conciliación, para que las responsabilidades familiares no sean una lápida sobre las mujeres que les impidan su desarrollo y bienestar. "El Estado tiene un papel crucial en el desarrollo de servicios que no dependan ni del poder adquisitivo de las familias ni de la inserción laboral" de sus miembros. Mejorar la capacidad de la seguridad social a través de servicios de cuidado o de subsidios para pagarlos puede ser una salida, dijeron. Continua leyendo este informe...

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