Las mujeres aun viven en un estado varón

No cuenta si son blancas o afrodescendientes, ricas o pobres, jóvenes o mayores. Tampoco vale si trabajan o si tienen estudios: en América Latina, la responsabilidad por el hogar, el cuidado de los hijos y los ancianos recae sobre las mujeres, y el Estado mira para otro lado.

por: Marcela Valente

Las estrategias son regularmente privadas. Si ellas no pueden afrontar solas el desafío de conciliar trabajo y familia, apelan a otra mujer: su madre, su suegra, sus hermanas, sus hijas mayores, vecinas, o --si puede pagarlo-- una empleada doméstica y cuidadoras para los adultos mayores. Se levantan antes que nadie en su casa y se van a dormir las últimas. Aunque trabajan muchas horas afuera del hogar, se hacen cargo de los niños, los quehaceres y el cuidado de ancianos y discapacitados, sin remuneración, con escasa ayuda de los hombres y casi sin asistencia estatal.

Con excepciones --en general limitadas al período de nacimiento y lactancia-- el Estado se desentiende de esta sobrecarga. "Se da por sentado que los cuidados son básicamente un asunto privado", sostiene el informe "Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con responsabilidad social" presentado este mes en Chile. La investigación fue elaborada por la región latinoamericana y caribeña de la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de poner en agenda uno de los mayores retos actuales para promover la igualdad y combatir la pobreza.

Según este informe, entre 1990 y 2008 la participación laboral femenina en la región pasó de 23 a 53 por ciento, y si se toma la franja de mujeres de entre 20 y 40 años, el porcentaje de las que trabajan fuera del hogar es ahora de 70 por ciento. "Sin embargo, no se han producido rupturas significativas en las concepciones culturales predominantes que consideran que la reproducción social es responsabilidad de las mujeres, y no una necesidad social", lamenta el estudio. Ese malentendido tiene un alto costo para ellas, añade.

"Los cuidados no son una responsabilidad de la familia --que los deriva en las mujeres-- sino una responsabilidad del Estado y la sociedad", comentó a IPS Natalia Gherardi, del no gubernamental y argentino Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que participó en la investigación. "El Estado tiene la obligación legal de arbitrar los medios para posibilitar esas prestaciones", sostuvo. Sin embargo, sólo interviene muy marginalmente mediante normas aisladas que no siempre controla, dijo Gherardi. Esta distracción sugiere que el Estado no es neutro, sino que tiene género. "El Estado es varón, como el derecho y como todas las estructuras de poder basadas en la organización patriarcal de nuestras sociedades", remarcó.

Las mujeres destinan entre 1,5 y cuatro veces más tiempo que los hombres a las tareas hogareñas. "Esta sobrecarga es la base de las desventajas y discriminaciones que ellas experimentan en el mercado de trabajo", advierte el informe. Pero el estudio no se centra en los hombres. "No ha aumentado significativamente la provisión de servicios públicos en apoyo a estas tareas. El Estado y la sociedad suponen que hay una persona en cada hogar dedicada al cuidado familiar". Solo en algunos países se exige a las empresas una guardería cuando hay mayoría de trabajadoras. La licencia por paternidad aún no está difundida en la región, y muy pocos estados reconocen licencias por enfermedades de los hijos o de los padres ancianos, que las puedan reclamar tanto hombres como mujeres.

"Ante la debilidad o ausencia de políticas públicas y de servicios destinados a apoyar la conciliación, las estrategias son básicamente privadas, familiares, femeninas", describe el informe. La propuesta de los especialistas es que la conciliación sea "parte principal" de las políticas sociales. Las coordinadoras del estudio, Maria Elena Valenzuela y Juliana Martínez, consideraron que el Estado debería avanzar en "políticas universales" de conciliación, para que las responsabilidades familiares no sean una lápida sobre las mujeres que les impidan su desarrollo y bienestar. "El Estado tiene un papel crucial en el desarrollo de servicios que no dependan ni del poder adquisitivo de las familias ni de la inserción laboral" de sus miembros. Mejorar la capacidad de la seguridad social a través de servicios de cuidado o de subsidios para pagarlos puede ser una salida, dijeron. Continua leyendo este informe...

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Indignante Caso de Abuso Sexual a Adolescente (Perú)

Venia sufriendo continuos abusos sexuales por lo que a los 13 años intentó quitarse la vida. Sabido esto y ante su situación de urgente intervención se le negó a través del Minsa a hacerle aborto terapéutico oportuno. Esta operación hubiera permitido que hoy no estuviera cuadrapléjica.

Redacción La República.
Una adolescente de 16 años demandó ayer al Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW, por su sigla en inglés) por no permitirle someterse a un aborto terapéutico en el 2007 que hubiera impedido su invalidez permanente.

La menor, identificada por sus iniciales L.C., intentó suicidarse en 2007, cuando tenía 13 años, saltando desde un edificio debido a los constantes abusos sexuales que sufría.

Como consecuencia de la caída sufrió el desprendimiento de la sexta cervical y un desplazamiento de la médula espinal. De inmediato fue trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao donde se descubrió que estaba embarazada.

Una decisión fatal
“Los médicos después de examinar su estado su salud y diagnosticar que urgentemente se le hiciera una intervención quirúrgica a su columna, para asegurarse de que las heridas pudieran ser sanadas y que el daño causado no sea permanente, decidieron no hacer esta intervención porque estaba gestando”, dijo Lilian Sepúlveda, representante del Centro de Derechos Reproductivos.
L.C. tuvo poco después un aborto espontáneo producto de las lesiones y fue operada de la espina dorsal, pero los médicos le comunicaron que quedaría parapléjica.

Sepúlveda subrayó que, como resultado de la negativa del Estado a interrumpir su embarazo, L.C. “no va a poder volver a caminar y depende por completo de la ayuda de su familia y personas cercanas para poder sobrevivir”.

El aborto terapéutico, al que se somete una mujer cuando su embarazo pone en riesgo su vida o su salud física o mental, es legal en Perú desde 1924, aunque aún no se ha aprobado un protocolo que lo regule.

Demanda internacional
Por ello, L.C. llevó el caso ante la instancia internacional para que se le reconozca la violación de sus derechos humanos básicos, se le indemnice por los daños físicos y mentales ocasionados como consecuencia de la negativa de los médicos a interrumpir su embarazo y se promulgue una reglamentación sobre el aborto terapéutico, explicó Sepúlveda.

En ese sentido, Susana Chávez, directora del Centro de Defensa y Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, indicó que esta demanda busca además que L.C. goce de las condiciones necesarias para rehabilitarse, pues requiere de servicios de educación y asistencia médica para resarcir un proyecto de vida prácticamente anulado.

La demanda, aunque no es el punto central de lo exigido, incluye la sanción a los médicos involucrados en el caso. “Pero no vamos contra las personas sino que el punto central es la deficiencia del sistema sanitario”, añadió.
El violador de L.C, Jonnhy Cosme Ramírez (35), se encuentra preso en el penal Sarita Colonia y la Fiscalía pidió una pena de 35 años.

Claves
Fatal. El abogado de la familia, Valerio Palacios, indicó que el Colegio Médico, en su momento, emitió un informe en el que concluía que la salud física y mental de la joven estaba en grave riesgo si no se interrumpía el embarazo.

Caso. El de L.C. es el segundo caso en Perú que se lleva a una instancia internacional.

Hubo un caso similar
El caso de L.C. es la segunda demanda en Perú a nivel internacional. El primero fue el de K.L. (17), que fue obligada a llevar el embarazo de un feto sin cerebro, que se prolongó casi 10 meses, y fue forzada a alimentar a la criatura durante los cuatro días que vivió, lo que originó a la madre una severa depresión.
El caso fue llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que resolvió que Perú debía indemnizarla y, además, reformar sus políticas. El UNHRC estableció que negarle el acceso al aborto legal violaba sus derechos básicos, haciendo referencia al dolor físico y sufrimiento moral. Era la primera vez que un organismo de DDHH responsabilizaba a un gobierno de asegurar el acceso a servicios para un aborto legal. El Ejecutivo aún no cumple el dictamen de la UNHRC. (La República)

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OPINIÓN: EL SEÑOR ASILO

Por: Luis Gárate / Periodista

Ese fue el nombre con el que el tristemente célebre dirigente aprista Luis Alva Castro tituló una de sus obras sobre los largos años de persecución y exilio que padeció Víctor Raúl Haya de la Torre por sus ideas políticas consideradas, en su momento, como revolucionarias y hasta subversivas. Precisamente este título lo podría asumir hoy Alan García, pero no precisamente al ser perseguido por sus ideas “revolucionarias”, sino por ser el nuevo abanderado de asilar a renombrados opositores radicales de los procesos antiimperialistas de cambio social que se dan en la región. Y es que se trata de personajes relevantes que jugaron su rol de piezas del ajedrez imperialista, que como cuña, han buscado obstaculizar sistemáticamente los avances de los procesos de cambios sociales que están ocurriendo en países como Venezuela y Bolivia.
Sabemos que a la lista formada por personajes venezolanos como el dirigente sindical Carlos Ortega y el ex Gobernador del estado de Yaracuy, Eduardo Lapi, fue coronada recientemente por Manuel Rosales, ex candidato presidencial, ex gobernador con aspiraciones separatistas del estado Zulia y connotado partícipe del frustrado golpe de estado a Hugo Chávez en abril de 2002. Rosales es acusado por la justicia venezolana por enriquecimiento ilícito y antes del asilo, ya tenía orden internacional de captura en la Interpol.
Por otro lado, no contento con la agravio a la justicia venezolana, el gobierno aprista ha abierto otro frente acogiendo a miembros del nefasto gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que recordemos reprimió sangrientamente al pueblo boliviano en la ciudad del Alto cuando salió a repudiar su política neoliberal y sus intentos de venta de gas a Chile en el año 2003. Los bolivianos amparados por la gracia de Alan García son los ex ministros Jorge Torres Obleas (asilado), Javier Torres Goitia y Mirtha Quevedo Acalinovic (refugiados), que son acusados de genocidio tras el asesinato de más de 60 bolivianos en la represión ordenada por el también prófugo Sánchez de Lozada, ahora refugiado en Estados Unidos. Será producto de sus remordimientos por su pasado populista y las ganas de congraciarse con la más rancia derecha latinoamericana y con los intereses de los Estados Unidos. Parecería que García ya no busca pasar a la historia como el líder tercermundista de los 80, sino como el articulador de una contraofensiva de las derechas en decadencia que tienen sangre en las manos y que buscan recuperar el poder que detentaron durante décadas en sus respectivos países. Gracias a la decisión del gobierno aprista, las relaciones diplomáticas con Venezuela y con Bolivia se ponen en una lamentable tensión.
Más allá de las particularidades legales de los casos, esta situación debe llamarnos a expresar nuestro rechazo a la estrategia de García y la derecha, así como a la campaña mediática que los respalda. Es hora de denunciar activamente este intento de convertir a nuestro país en un refugio de personajes que se escudan en ser democráticos, cuando no han sido capaces de reconocer su derrota electoral y que más grave aún, están acusados de graves delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

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II CÁTEDRA DE INTEGRACIÓN REGIONAL SUDAMERICANA

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DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL

Informes e Inscripciones:
Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Tlf. 221-6424
Mail: escuelaelectoral@jne.gob.pe

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RECOMENDADO: SEGUNDO MÓDULO REFORMA POLÍTICA

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OPINIÓN: LEY DE "INVASORES" O DERECHOS POSTERGADOS

Por: Luis Gárate*

El revuelo que ha generado la reciente aprobación de ley que autoriza la expropiación y posterior adjudicación de los terrenos ocupados al 31 de diciembre de 2004 por poseedores informales, ha sido generado por las reacciones de temor y rechazo de las clases dominantes.

Con su estilo clientelista, los funcionarios apristas del Ministerio de vivienda y COFOPRI -encabezados por la ministra Nidia Vílchez- promovieron la aprobación de la ley a través de la movilización de miles de pobladores de asentamientos humanos de Lima y provincias. Así lograron la aprobación en la comisión permanente y que, sin demora, fue refrendada por el mismo Alan García.

Ante esta situación, diversos sectores de la derecha han pegado el grito en el cielo desde los grandes medios de comunicación, defendiendo la inviolabilidad de la propiedad privada, olvidando que esta tiene también una función social y que la ley así lo contempla con fines de bien común e interés público.

Es que la ley 29320, que modifica el artículo 21 de la ley 28687, tiene el objetivo general de beneficiar a miles de personas de bajos recursos que ocuparon terrenos de propiedad privada y de comunidades campesinas. Entonces, más allá de las movidas demagógicas de la dirigencia aprista, debemos poner en el tapete los temas de fondo, ¿se trata acaso de la propiedad privada versus los derechos humanos y sociales? ¿El estado está asumiendo la protección y promoción del derecho a la vivienda?

La Constitución Política del Estado de 1979 contemplaba expresamente el Derecho a la Vivienda. Sin embargo en la nueva constitución del 93, hecha a la medida de la dictadura neoliberal de Fujimori, se omitió este derecho y así se retiró la expropiación por interés social. Sin embargo, siendo el Perú suscriptor de acuerdos internacionales sobre los derechos humanos aún está obligado a respetar el derecho a la vivienda.

Lo cierto es que la política de acceso al suelo y de vivienda de las clases dominantes peruanas no ha sido capaz de ofrecer alternativas para que cientos de miles de familias pobres tengan un sitio la ciudad. A lo largo de diferentes gobiernos los terrenos del Estado han sido facilitados a grandes propietarios e inmobiliarias para realizar inversiones, en vez de ponerlas a disposición de las Municipalidades para que se destinen a los más necesitados, quienes siguen ocupando terrenos ubicados en zonas riesgosas como las laderas de cerros.

Algunos especialistas desde el lado progresista plantean que los gobiernos locales y provinciales asuman la responsabilidad de desarrollar Programas de Vivienda que impliquen un acceso a suelo urbanizado de manera ordenada y planificada, constituyendo bancos de tierras municipales en cada provincia y dotando a los municipios de recursos necesarios. Así, sostienen, se podría promover una política preventiva y que deje sin piso a los traficantes de tierras.

Precisamente algunos elementos del Partido Aprista, que están vinculados a las altas esferas del gobierno como el caso de Germán Cárdenas, estarían vinculados desde hace décadas a la ocupación de terrenos con fines de tráfico en beneficio personal y aprovechándose de la necesidad de decenas de familias humildes.

La ley de expropiación es un instrumento legal, pero insuficiente en el marco del modelo económico neoliberal y el marco legal vigente. Para la izquierda, el tema de fondo debe abordarse desde el ejercicio de los derechos de todo ciudadano, en particular los sectores más desfavorecidos, para acceder al suelo y la vivienda.

El reto para las fuerzas populares del cambio es incorporar el derecho la vivienda en la lucha por una Nueva Constitución, que permita la refundación de la República, que configure un nuevo Estado democrático donde los ciudadanos realmente tengan los mecanismos para ejercer sus derechos y hacer respetar la soberanía popular.

En ese sentido la construcción de una ciudad incluyente, con acceso equitativo el suelo y a la vivienda, que sea democrática y sostenible, es un tema de primer orden que debe entrar en la discusión programática de la izquierda, y en particular de los comunistas, para impulsar la reconstrucción de la política con participación protagónica de los sectores populares.

* Periodista Peruano

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