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Mientras el presidente de Perú Alan García tomaba juramento a dos nuevos ministros en el Palacio de Gobierno, a pocas calles de allí miles de manifestantes rechazaban la negativa de las autoridades a derogar las "leyes de la selva", decretos legislativos que promueven la explotación de recursos naturales en territorios selváticos e indígenas.

por: Ángel Páez y Milagros Salazar

Miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú, del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú y de organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil se dirigieron el jueves hasta la sede del Congreso legislativo para protestar contra la mayoría oficialista que defiende las cuestionadas normas, y condenar la represión gubernamental a los líderes indígenas.

Más de 2.000 efectivos bloquearon el acceso al Congreso, desatándose un forcejeo que llevó a la policía a repartir varazos y lanzar bombas lacrimógenas. García invistió a Nidia Vílchez en reemplazo de la saliente ministra de la Mujer y Desarrollo, Carmen Vildoso, quien dimitió por su desacuerdo con la forma en que el gobierno afrontó el levantamiento de los awajún en el norte amazónico, la segunda etnia más numerosa de Perú y de histórica tradición guerrera.

Hubo intensas protestas en las localidades selváticas de Yurimaguas, en el departamento de Loreto, extremo nororiental y Pucallpa, en el oriental Ucayali. Los indígenas bloquearon carreteras y los puertos fluviales. En Bagua, provincia de la región norteña de Amazonas que fue epicentro de los hechos violentos del viernes con 24 policías y un número indeterminado de indígenas fallecidos, nadie pudo salir de sus casas por el toque de queda. La policía y efectivos del ejército tomaron el control de la zona.

Manifestantes de las localidades sureñas de Puno, Arequipa y Tacna también se movilizaron en adhesión a la lucha de los indígenas contra el gobierno, que se niega a derogar las normas, a pesar de que fueron consideradas inconstitucionales el año pasado por un comité parlamentario multipartidario. Terminada la manifestación en Lima, sus dirigentes anunciaron la preparación de un paro nacional para el 8 de julio. El miércoles por la noche, el bloque oficialista y algunos aliados aprobaron la suspensión de los polémicos decretos legislativos 1.090 y 1.064. En protesta, en la mañana de este jueves la oposición inició un acto de vigilia en el centro del hemiciclo. El presidente del Congreso, Javier Velásquez, sancionó por esa acción a siete legisladores con una suspensión sin goce de haberes por 120 días.

Entre tanto, las autoridades aseguraron que tres de los indígenas muertos por la policía en Bagua pertenecían a la comunidad awajún de la provincia de Condorcanqui, una de las más pobres del país. Para sumarse a la medida de fuerza contra los decretos habían viajado varios días. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 76,3 por ciento de la población de Condorcanqui, mayoritariamente awajún, vive en pobreza, mientras 77,6 por ciento habita en viviendas inadecuadas y 91 por ciento no cuenta con agua potable ni luz eléctrica. Continua leyendo....