PERÚ: Siguen Problemas para Implementar Aborto Terapéutico
El estado peruano continúa violando el derecho que por ley tienen las mujeres d este país a interrumpir su embarazo cuando éste pone en riesgo su vida, al negarse a elaborar el protocolo médico para este tipo de situaciones. Así lo denunció Human Rights Watch cuando presentó su estudio en el mes de julio, durante la presentación de su informe de 52 páginas, en el que señala que las autoridades peruanas deliberadamente se niegan a aprobar las directrices médicas para el aborto legal.
Angela Heimburger, investigadora de la organización, sostuvo que en el país existe tal desinformación sobre el aborto, que muchos sectores piensan que éste es ilegal en todas sus formas, lo que no corresponde a la verdad. "El código penal de 1924 estipula, muy específicamente, que procede el aborto cuando la vida de la mujer esté en peligro o amenaza su salud", señaló la investigadora. Pese a ello, a las mujeres que, amparadas en este derecho, acuden a los hospitales públicos en busca de ayuda, se las reprime y se las estigmatiza, subrayó.
Y relató el caso de una mujer en Arequipa (al sur del país) que hace 2 meses acudió al hospital del sector salud a que le practicaran un aborto porque sufría problemas cardíacos, pero los médicos se negaron a ello, por no existir un protocolo oficializado por el Ministerio. La mujer murió poco después. Arequipa es una de las regiones que se opone más tenazmente a oficializar un protocolo médico para el aborto terapéutico. El obispo católico de esa ciudad ha amenazado con la excomunión a los médicos que lo practiquen.
"El estado está en la obligación de informar a los proveedores de servicios de salud que el aborto terapéutico está autorizado por la ley", añadió Heimburger, pero también reconoció que las autoridades se sienten presionadas por las autoridades eclesiásticas y sectores conservadores de la sociedad civil. Las discusiones para elaborar el protocolo datan de varios años. Incluso, durante el pasado gobierno del ex presidente Toledo se llegó a tener un protocolo elaborado por los médicos de la Maternidad de Lima, pero tuvo que ser dejado sin efecto por una directiva del Ministerio de Salud.
Se conformó, entonces, una comisión multisectorial, con participación de representantes del estado peruano, del colegio médico y del de obstetrices, pero también de la jerarquía católica, que no aportó ninguna solución. Heimburguer informó que el Ministerio de Salud le comunicó a Human Rights Watch, poco antes de dar a conocer su informe, que el problema (de elaboración del protocolo) "está en revisión".
Por su parte corresponsales de diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos SEMlac, después de conocido el informe de HRW trataron infructuosamente de que alguna autoridad de Salud se pronunciara al respecto, pero fue inútil. Ninguna autoridad quiso dar declaraciones al respecto. Se estima que en el Perú se practican más de 400 mil abortos clandestinos al año y está considerado como la tercera causa de muerte materna en el país.
Angela Heimburger, investigadora de la organización, sostuvo que en el país existe tal desinformación sobre el aborto, que muchos sectores piensan que éste es ilegal en todas sus formas, lo que no corresponde a la verdad. "El código penal de 1924 estipula, muy específicamente, que procede el aborto cuando la vida de la mujer esté en peligro o amenaza su salud", señaló la investigadora. Pese a ello, a las mujeres que, amparadas en este derecho, acuden a los hospitales públicos en busca de ayuda, se las reprime y se las estigmatiza, subrayó.
Y relató el caso de una mujer en Arequipa (al sur del país) que hace 2 meses acudió al hospital del sector salud a que le practicaran un aborto porque sufría problemas cardíacos, pero los médicos se negaron a ello, por no existir un protocolo oficializado por el Ministerio. La mujer murió poco después. Arequipa es una de las regiones que se opone más tenazmente a oficializar un protocolo médico para el aborto terapéutico. El obispo católico de esa ciudad ha amenazado con la excomunión a los médicos que lo practiquen.
"El estado está en la obligación de informar a los proveedores de servicios de salud que el aborto terapéutico está autorizado por la ley", añadió Heimburger, pero también reconoció que las autoridades se sienten presionadas por las autoridades eclesiásticas y sectores conservadores de la sociedad civil. Las discusiones para elaborar el protocolo datan de varios años. Incluso, durante el pasado gobierno del ex presidente Toledo se llegó a tener un protocolo elaborado por los médicos de la Maternidad de Lima, pero tuvo que ser dejado sin efecto por una directiva del Ministerio de Salud.
Se conformó, entonces, una comisión multisectorial, con participación de representantes del estado peruano, del colegio médico y del de obstetrices, pero también de la jerarquía católica, que no aportó ninguna solución. Heimburguer informó que el Ministerio de Salud le comunicó a Human Rights Watch, poco antes de dar a conocer su informe, que el problema (de elaboración del protocolo) "está en revisión".
Por su parte corresponsales de diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos SEMlac, después de conocido el informe de HRW trataron infructuosamente de que alguna autoridad de Salud se pronunciara al respecto, pero fue inútil. Ninguna autoridad quiso dar declaraciones al respecto. Se estima que en el Perú se practican más de 400 mil abortos clandestinos al año y está considerado como la tercera causa de muerte materna en el país.
Según el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, una de cada siete mujeres que se somete a abortos clandestinos tiene que ser internada de urgencia, por complicaciones que ponen en riesgo su vida, en hospitales públicos o clínicas particulares. Asimismo, por cada mujer que muere al someterse a un aborto clandestino, otras 50 ó 60 terminan incapacitadas sexualmente para el resto de su vida, declaró el doctor Luis Távara, Presidente de la Confederación de Derechos Humanos y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.
Para Human Rights, detrás de la alta tasa de abortos clandestinos se esconde también un problema de desigualdad social porque son las mujeres más pobres las que recurren a estas prácticas en las peores condiciones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe se realizan anualmente alrededor de 3 millones 700 mil abortos ilegales. Aproximadamente el diez por ciento de ellos termina con la muerte de la mujer que se somete a esta práctica. Por cada mil mujeres en edad reproductiva, se presentan 29 abortos no seguros y por cada cien mil nacimientos se producen 30 muertes por abortos inseguros, precisa la organización.
Para Human Rights, detrás de la alta tasa de abortos clandestinos se esconde también un problema de desigualdad social porque son las mujeres más pobres las que recurren a estas prácticas en las peores condiciones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe se realizan anualmente alrededor de 3 millones 700 mil abortos ilegales. Aproximadamente el diez por ciento de ellos termina con la muerte de la mujer que se somete a esta práctica. Por cada mil mujeres en edad reproductiva, se presentan 29 abortos no seguros y por cada cien mil nacimientos se producen 30 muertes por abortos inseguros, precisa la organización.
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Hablas de derechos pero pareciera que es conveniente pisotearlos porque la madres es más importante que el hijo. Podríamos enfocarnos en varios puntos y discutir eternamente pero lo cierto es que Human Rights está a favor de la completa despenzalización del aborto, así que aunque parezca noble porque queremos salvar vidas se trata de una maniobra pro abortista, homicida, para que eventualmente se legalice la matanza de niños.
Citas a Promsex... ¿Has visto su página web? Ellos manipulan todo y también son abiertamente favorables al aborto sin restricciones... ¿Derechos? ¿Sabes lo que es un individuo? O al menos, averigua qué es según nuestra constitución porque esos entrometidos de Human Rights se creen con derecho a manipular legislaciones extranjeras.
Es justo salvar la vida de la madre si está en peligro pero no lo es matar a un bebé, así no.
En respuesta, debo comentarte que procede la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, por lo tanto no podemos hablar de un niño mucho menos de un individuo.En el Perú cada año se producen aproximadamente un millón de embarazos, de los cuales sólo el 40% es deseado.
La realidad es que los casos de aborto se dan a diario.y sabemos que en las peores condiciones.
Apostamos a que la mujer tenga derecho y autonomía a decidir sobre su propio cuerpo, en su salud reproductiva. Reivindicar el derecho al aborto no significa promover que este aumente.
Estamos convencidos que eliminando las barreras que impiden brindar una informacion oportuna, responsable y de calidad libre de posturas de tipo religioso sobre la salud sexual y reproductiva,las muertes maternas permaneceran constantes sino a incrementar por este motivo.
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