ABORTO LIBRE Y SEGURO. UNA EXIGENCIA DE JUSTICIA SOCIAL

Más de 4 millones de latinoamericanas y caribeñas abortan cada año y la mayoría lo hace clandestinamente, arriesgando su vida y con temor de ser encarceladas. Esto implica un grave daño a su salud física y mental, y constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales, en especial el derecho a la vida, la salud, la autodeterminación, la igualdad y la no discriminación, a estar libres de torturas y daños, a la libertad de pensamiento y religión, y al control de su propia fecundidad.

No habrá democracia ni desarrollo humano sostenible en nuestras sociedades mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por esta causa y sean objeto de condenas y castigos, lo que convierte al aborto inseguro en un grave problema de justicia social.

De esto son responsables:

1. Los Estados que no garantizan a las mujeres una maternidad voluntaria, ni respetan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo la libertad de opción.
2. Las iglesias que intervienen y atentan contra el Estado laico.
3. Los legisladores que se niegan a despenalizar y siquiera a debatir.
4. Los proveedores de servicios que denuncian y maltratan a mujeres hospitalizadas por abortos inseguros.
5. Los jueces que las procesan y condenan.
6. La sociedad que calla y permite.
   

Son culpables de imponer a las mujeres la maternidad como destino único e irrenunciable, sin reconocerles autonomía de decisión sobre sus vidas y sus cuerpos soberanos, negándose a comprender que detrás de un aborto inducido hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza y abandono, enfermedades de la mujer o gestaciones de fetos con graves malformaciones, entre otros motivos.Frente a ello, reclamamos el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.

Solo poniendo fin a la indignidad del aborto clandestino, acabará también el drama de las muertes maternas por esta causa y se resguardará la salud y vida de las mujeres, al igual que el bienestar de sus familias. La maternidad no se impone por leyes castigadoras, las que han demostrado ser inútiles para evitar los abortos clandestinos. Tampoco se impone por dogmas ni doctrinas religiosas, los que ignoran e irrespetan la libertad humana y la diversidad de creencias.Las mujeres somos sujetas de derechos con plena capacidad moral para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a nuestras realidades y proyectos de vida, incluyendo la decisión de abortar o de ser madres, de tener hijos o de no tenerlos. Exigimos que todos los actores sociales y el Estado respeten nuestra autonomía sexual y reproductiva, y se nos brinde la información y los medios para ejercerla sin riesgos.

Esto debe abarcar: acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo anticoncepción de emergencia; educación sexual laica y humanista; acceso a abortos seguros, legales y con alta calidad de la atención; condiciones sociales y estructurales adecuadas para vivir una maternidad voluntaria, protegida y gozosa, si optamos por ella.Solo de esta forma serán respetados los derechos consagrados en el sistema internacional de derechos humanos, al igual que los históricos consensos de las Conferencias de El Cairo y de Beijing. Y asimismo podrán concretarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, en especial en lo relativo al empoderamiento de las mujeres, la equidad de género, y el enfrentamiento del drama de la mortalidad materna que continúa presente en la primera década del siglo 21.

Aun cuando la penalización del aborto persiste en la mayor parte de la región, vemos con esperanzas que se han producido algunos avances significativos en el reconocimiento del derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva. El más reciente fue en México, en el contexto del Distrito Federal, con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo hasta el primer trimestre. Y el año 2006, la Corte Constitucional de Colombia liberalizó la legislación al permitir el aborto por riesgo a la salud y vida de la mujer, en casos de violación y por graves malformaciones fetales. Esto demuestra que es posible encontrar respuestas favorables a nuestra demanda histórica por una maternidad voluntaria como derecho humano sexual y reproductivo.