OPINIÓN: LA TRAGEDIA QUE SE PUDO EVITAR
Fernando Eguren. No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de policías, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):
“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”
“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”
“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.
“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….”
“..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas…”
“..el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista.”
“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.”
Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, es aparente.
Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa de este discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinas y poblaciones nativas amazónicas.
La reacción de estas poblaciones es contra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Los canales formales para atender la demanda de que estos decretos legislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bien han mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a las poblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método de negociación. No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como las movilizaciones y tomas de carreteras: la experiencia ha mostrado que sólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención. Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizaciones son el gobierno y el Congreso.
Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones de protesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalizarán hasta llegar, lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida tanto de pobladores –ciudadanos- amazónicos como la policía, también ciudadanos. ¿De quién es la responsabilidad principal? De los quienes toman las decisiones políticas: el gobierno y el Congreso.
¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivo y el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La única institución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, que debería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con los representantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciar dos de los principales responsables políticos del drama que estamos viviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
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